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Nuestra flaqueza institucional

Enrique Provencio Durazo - 2026-04-27

El ocultamiento y el sesgo inducido de la información pública, la tolerancia con el uso patrimonialista de los recursos presupuestales, las fallas constantes en el acceso y la procuración de justicia, la negación de realidades nacionales constatables, la resistencia ante evaluaciones y valoraciones que utilicen referencias comparativas con otros países, la inefectividad en las acciones gubernamentales estratégicas, la recurrencia a coartadas retro causales para minimizar los problemas nacionales de ahora, entre otros males acendrados, se manifiestan en el día a día noticioso. Cambian los hechos cotidianos, pero no los síntomas de nuestra debilidad y veces de nuestro vacío institucional. 

Lo que ocurrió con el tratamiento del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ocurrido a partir de inicios de febrero de 2026 en un ducto de PEMEX, no es un episodio más en la historia de la negligencia institucional o de los desastres ambientales. Esta historia redescubrió la incapacidad sistémica para atender una emergencia, alertar a las comunidades afectadas, informar a tiempo a toda la sociedad, desplegar operativos efectivos de respuesta, coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, y poner en marcha los programas de restauración y respuesta inmediata. De paso, la principal empresa pública del país aumentó su exposición al riesgo financiero e introdujo más incertidumbre en su proceso de recuperación de la crisis en la que se encuentra desde hace años, poniendo en evidencia las fallas internas de manejo y el desorden en las líneas de mando. 

Primero fue la negación del derrame de crudo, enseguida el desvío de la atención y la atribución deliberadamente sesgada de responsabilidades, junto con el rechazo a las voces que señalaban el origen del problema en el oleoducto de PEMEX, luego la minimización coordinada y sistemática de las consecuencias… hasta que la realidad era inocultable y se terminaron aceptando los hechos, atribuyendo el ocultamiento a varios funcionarios que supuestamente retuvieron la información sin transmitirla al Director de PEMEX. 

Lo que se exhibió fue todo un patrón de comportamiento institucional, con el que las autoridades pueden ocultar, negar o minimizar acontecimientos, y, si es el caso de que se descubran, puede distorsionar la cadena de sucesos sin ejercer las obligaciones de sanción a los servidores públicos, es decir, dejando prevalecer la impunidad. Esta es una de las consecuencias acumuladas del desmantelamiento o al menos debilitamiento de los contrapesos al ejercicio del poder público, en especial en la transparencia y el acceso a la información, así como en la rendición de cuentas, la fiscalización y otras funciones que deberían acotar la discrecionalidad en el ejercicio del gobierno. 

Se trata de un entramado que opera de forma transversal, y que pasó por la extinción del INAI, la subordinación de la Auditoría Superior de la Federación, la falta de revisión efectiva de las cuentas públicas, la minimización de las evaluaciones de desempeño de los programas, el uso masivo de las asignaciones directas en la contratación pública, los decretos de protección a las obras públicas declaradas como de seguridad nacional, la domesticación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y así con otras áreas de la administración pública y la reforma del Poder Judicial.

Lo que en conjunto se está afectando es la capacidad de las instituciones para producir resultados positivos para el bienestar colectivo, la vida cotidiana, el desarrollo. No solo se han mellado derechos colectivos e individuales, como el de ser informados debida y oportunamente, sino que se está mermado la efectividad de la acción gubernamental para solucionar problemas.

Hay diversos ejercicios que buscan dar una expresión cuantificada a tales capacidades, y todos tienen serios cuestionamientos de metodología y fuentes. Uno de ellos es el proyecto de Indicadores de gobernanza a nivel Mundial, del Banco Mundial, que desde 1999 viene midiendo seis dimensiones institucionales: rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción. 

Los resultados de 2010 a 2024 están a la vista en el cuadro que acompaña a este artículo. Son debatibles y deben ser discutidos, sin duda, pero emplean una metodología aplicada a todo el mundo, y, por lo mismo, son una base de comparación aceptable. Mal haríamos en ignorar estos indicadores, que cuentan una historia de deterioro institucional, salvo en el caso de estabilidad política. En la fuente original se puede ver el recorrido a partir de 1996 y hasta 2024, casi tres décadas. Viendo todo el periodo se observa que antes tampoco estuvimos bien, pero que hubo años de mejora, y que en cinco de las seis dimensiones medidas, nos encontramos en un proceso de deterioro. Sirva como marco para observar lo que nos acaba de ocurrir con el ocultamiento de la información del derrame del Golfo de México. 

Fuente: Worldwide Governance Indicators, 2025 Revision, World Bank.

https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators

Fuente: https://www.mexicosocial.org/flaqueza-institucional/

Temas principal: Desarrollo, economía y sociedad