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Sustentabilidad en el PND

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Sustentabilidad en el PND

Julia Carabias Lillo  ||  Reforma  ||  27 de abril 2013

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) debe constituir el documento base que defina las políticas públicas nacionales necesarias para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, promover el crecimiento económico incluyente y la producción y consumo más sustentables respetando a los sistemas naturales y su funcionamiento.

Es indispensable asumir las implicaciones de la dependencia que la sociedad tiene sobre la naturaleza y, por ello, aceptar sin cortapisas ni titubeos que la sustentabilidad ambiental es una precondición para la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico y la justicia social.

Por ello, la dimensión ambiental debe ser un eje transversal de los cinco ejes temáticos en los que se está organizando el PND: "México en Paz", "México Incluyente", "México con Educación de Calidad para Todos", "México Próspero" y "México con Responsabilidad Global". Para lograrlo, es preciso convertirlo en un asunto de atención intersecretarial; cada institución tendrá que contar con un área que vele por la correcta incorporación de los temas ambientales en los programas de su competencia y éstas, a su vez, estar coordinadas con la Semarnat. Este arreglo institucional sería una gran innovación y una importante contribución para alinear las políticas públicas con criterios de sustentabilidad ambiental.

El fomento al crecimiento económico necesita ajustarse a dos condiciones esenciales: ser de bajo consumo de carbono para mitigar los efectos sobre el cambio climático, y estar acotado a las capacidades del capital natural, es decir, aprovechar su potencial y respetar los límites de renovabilidad de la naturaleza.

La productividad del país puede crecer sustantivamente si se utiliza el potencial del capital natural y social de cada región, con tecnologías adecuadas a cada condición. La producción forestal maderable puede incrementarse en varios millones de metros cúbicos si se aprovecha de manera sustentable por las propias comunidades dueñas de estos recursos como ocurre en muchos sitios de Oaxaca. Ello implica apoyos económicos, capacitación y organización, además de la aplicación del estado de derecho que detenga el despojo que el crimen organizado hace a los dueños legítimos de estos recursos.

La flora y fauna de los ecosistemas naturales es también fuente de riqueza, mediante las unidades de aprovechamiento para la conservación de la vida silvestre, que puede incorporase a la producción y beneficiar a las comunidades campesinas. El potencial de esta actividad permitiría ascender a muchos miles de millones de pesos y decenas de miles de empleos en el campo mexicano.

La producción pesquera está en condiciones de crecer si la pesca se ordena y diversifica con nuevas especies de captura, se aplican tecnologías y artes de pesca adecuadas a cada condición, se limitan las pesquerías sobreexplotadas, se protegen los hábitats deteriorados y se agrega valor a los productos. La Carta Nacional Pesquera, actualizada permanentemente, debe ser el instrumento rector de la actividad.

El turismo, además de económicamente viable, requiere ser socialmente justo y ambientalmente sustentable. El turismo de naturaleza puede aumentar notablemente, beneficiar de manera directa a las comunidades dueñas de los recursos naturales y garantizar la conservación de los ecosistemas, su biodiversidad y servicios ambientales.

Las actividades productivas mencionadas permitirán reactivar la economía campesina y mejorar las condiciones de vida de las comunidades; paradójicamente, los dueños de la mayor riqueza natural viven en condiciones de pobreza.

Estas políticas productivas necesitan complementarse con una enérgica estrategia de protección de la biodiversidad nacional mediante las áreas naturales protegidas, las cuales, además de consolidarse y tener un buen funcionamiento con incremento de recursos económicos y de personal, deben aumentar su superficie para alcanzar la protección de la representatividad de la biodiversidad mexicana.

El Estado está obligado a velar por la preservación del ciclo hidrológico y el manejo sustentable de las cuencas, integrando el uso del recurso hídrico con el del resto de los recursos naturales de estos espacios geográficos.

La industria tiene que ser normada para implementar las mejores prácticas que, con calidad y competitividad, reduzcan el consumo de materias primas, la generación de desecho y sean bajas en carbono. Además, urge una política nacional de manejo de sustancias químicas peligrosas, que regule su producción, almacenamiento, transportación y disposición final.

El Estado necesita de la corresponsabilidad de la sociedad para enfrentar estos retos y deberá propiciar espacios adecuados para analizar las políticas, influir en la toma de decisiones, implementar acciones y evaluar resultados. La información, capacitación y educación ambiental son indispensables para fortalecer a la sociedad.

Las políticas que integren al capital humano, social, económico y natural marcharán hacia el desarrollo sustentable. La sustentabilidad ambiental es, simplemente, un asunto de sobrevivencia de la especie humana.

Fuente: Hemeroteca

 

 

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