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Residuos sólidos

 

Residuos sólidos

Julia Carabias Lillo  ||  Reforma  ||  14 de septiembre 2013

Hace casi 10 años se promulgó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) cuyo objetivo es ofrecer el marco legal para resolver el problema de la contaminación ambiental ocasionada por el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial, peligrosos y mineros, que afectan nocivamente a la salud de la población y a los ecosistemas, así como para promover cambios en las prácticas de producción y consumo, minimizando la generación de residuos y maximizando su reutilización y valorización.

En el pasado, la legislación ambiental mexicana incluyó disposiciones sobre este tema, logrando avances significativos pero insuficientes. Uno de ellos fue el principio de "el que contamina paga" y responsabilizar de su disposición adecuada a quienes generan dichos residuos. Este principio se aplicó sobre todo en el manejo de los residuos peligrosos, lo cual llevó a establecer los arreglos institucionales correspondientes para su gestión dentro de las instituciones federales ambientales y, a la vez, sentó las bases para la creación de mercados de servicios y de infraestructura para su manejo integral por parte de la inversión privada.

No ocurrió lo mismo con los residuos sólidos urbanos. Los municipios, responsables de prestar los servicios de limpia, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, no aplicaron este enfoque y se han resistido a cobrar por estos servicios. La falta de cobro, por un lado, no alienta a los generadores de los residuos a minimizarlos o a aprovecharlos, y por el otro, se carece de recursos económicos para el fortalecimiento de dichos servicios.

Con la entrada en vigor de la LGPGIR, se abrió la misma posibilidad para la inversión privada en la creación de infraestructura para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos de grandes generadores y de los residuos de manejo especial. Sin embargo, el reglamento de la ley volvió a enfocarse a los residuos peligrosos, dejando atrás a los demás residuos.

El problema no está resuelto y, si no se atiende, se corre el riesgo de empeorar a consecuencia de la complejidad de los materiales que componen los residuos sólidos, del incremento poblacional, del crecimiento económico y, por ende, del aumento del consumo.

Se carece de un diagnóstico preciso de los volúmenes generados de estos residuos y de su disposición final, pero se cuenta con suficiente información como para promover una estrategia diferenciada en el país. Tan sólo el Estado de México, el Distrito Federal y Jalisco contribuyen con 33% de la generación de residuos nacionales; se siguen vertiendo residuos peligrosos junto con los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en instalaciones que no cumplen con la normatividad ambiental y que se transforman en sitios contaminados; la eficiencia en la recuperación de los subproductos valorizables es muy baja; las condiciones del trabajo informal son muy injustas y riesgosas, entre muchos otros problemas.

Por lo anterior, es conveniente proceder a una revisión de la LGPGIR para mejorarla, con una amplia participación informada y organizada de las distintas partes interesadas. Tal y como lo ha señalado en diversos textos la especialista en el tema, la doctora Cristina Cortinas, los principales puntos de la reforma deben propiciar lo siguiente: Crear un Sistema Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que opere de manera similar al Sistema Nacional de Salud, con la participación de los sectores público, privado y social; promover la adopción de prácticas de producción y consumo sustentables.

Fortalecer a las dependencias gubernamentales a cargo de la gestión de los residuos; crear organismos descentralizados con patrimonio propio y personalidad jurídica para reforzar a los servicios públicos municipales; promover la construcción de infraestructura de manejo de residuos sólidos; establecer el sistema tarifario para el cobro por la prestación de dichos servicios; hacer efectivas las multas por violación a la normatividad; eliminar los obstáculos para valorizar los subproductos y promover el reciclaje, material o energético, de los mismos, reduciendo con ello la cantidad de residuos.

Tipificar los delitos relacionados con el manejo inadecuado de los residuos que atentan contra la salud de la población y sus derechos humanos, así como con el derecho que los particulares tienen a ser indemnizados por daños sufridos; reglamentar la remediación de sitios contaminados.

Promover la conversión de los pepenadores y de los grupos que intervienen en la recuperación de los subproductos valorizables en empleados formales para brindarles protección, organizados en cooperativas u otro tipo de organismos que operen como negocios o empresas sociales.

Sin duda este es un tema ambiental que impacta a la salud tanto pública como de los ecosistemas, de justicia y desigualdades sociales y de oportunidades de negocio. Además, es un asunto que tiene solución y es reversible; actuemos antes de que se vuelva aún más complejo.

Fuente: Hemeroteca