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Reformas ambientales

 

Reformas ambientales

Julia Carabias Lillo  ||  Reforma  ||  05 de septiembre

Esta semana entró en funciones la LXI Legislatura. Nuevamente ningún partido tiene mayoría absoluta por sí mismo, como sucede desde 1997. Ahora, el partido con mayoría relativa (PRI) es diferente al partido en el gobierno, lo cual obligará a negociar acuerdos y a un entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder avanzar en la agenda nacional, llena de pendientes. Por otro lado, el Partido Verde resultó muy fortalecido en las últimas elecciones y jugará un papel crucial como minoría capaz de inclinar la balanza a la hora de tomar decisiones. Ojalá que este privilegio lo utilice para impulsar seriamente la agenda ambiental y no continúe proponiendo reformas dispersas y desarticuladas que parecen responder más a un afán mediático que cualitativo.

Debemos reconocer que México cuenta con una buena legislación ambiental que se ha construido paulatinamente desde la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico (LGEEPA) en 1987 -reformada profundamente en 1996-, y a la cual se sumaron posteriormente la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) en 2000, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) en 2003 y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en 2004, entre otras. Sin embargo, también es necesario aceptar que el marco jurídico se ha dispersado, sigue desintegrado, tiene omisiones, contradicciones, repeticiones y fragilidades y, en cuanto a la regulación del manejo de los recursos naturales, sigue predominando una perspectiva sectorial.

A continuación señalo algunas prioridades para la agenda legislativa relacionada con la conservación y uso de los ecosistemas naturales y su biodiversidad.  -Sería muy conveniente hacer un diagnóstico detallado del marco jurídico ambiental y las leyes relacionadas con éste para armonizar los principios y criterios básicos de sustentabilidad ambiental.

-La regulación de las áreas naturales protegidas es frágil e insuficiente, lo cual provoca, de manera creciente y preocupante, conflictos de interés entre distintos actores poniendo en riesgo la conservación de la biodiversidad. Algunos países han promulgado una ley especial para las áreas naturales protegidas con resultados muy satisfactorios. Convendría analizar la viabilidad de esta opción para México o, en su defecto, reformar a fondo el capítulo respectivo de la LGEEPA.

-El marco regulatorio del uso de los recursos forestales no maderables es complejo y no corresponde a la realidad. Por lo general, la normatividad sobre el uso de estos recursos suele hacer inviable económicamente esta actividad y desincentiva el cumplimiento de la ley.  -El marco normativo para la conservación y uso sustentable de los ecosistemas marinos y de las zonas costeras y ribereñas es casi inexistente, débil y está disperso; particularmente, el concepto de zona federal está basado en principios obsoletos. Es indispensable revisar este marco a fondo para modificarlo e integrarlo.

-La Ley de Aguas Nacionales necesita ajustes para eliminar contradicciones y fortalecer los criterios de sustentabilidad ambiental. Por ejemplo, se requiere aclarar los conceptos de capacidad de carga y de uso para la conservación ecológica, hacerlos compatibles en todo el articulado de la ley, así como obligar a su cumplimiento.

-El marco jurídico de la restauración ambiental es poco sólido. La LGEEPA, la LGVS y la LGDFS, aunque aluden a este tema, carecen de un capítulo específico que defina e incorpore los criterios, los actores y la multiplicidad de acciones que se pueden y deben instrumentar con este fin.

-El ordenamiento ecológico del territorio (OET) es un instrumento de política ambiental definido en la LGEEPA para inducir y regular el uso de suelo. Los conflictos entre autoridades federales, estatales y municipales y de éstas con actores privados y núcleos agrarios se han incrementado en torno a los OET, así como los conflictos entre los OET y los ordenamientos de los asentamientos humanos llegando, incluso, a generar controversias constitucionales tal y como se documenta en el libro de Antonio Azuela, Miguel Ángel Cancino y Concepción Contreras El Ordenamiento Ecológico del Territorio en México: génesis y perspectivas, publicado por Semarnat en 2006. Es indispensable armonizar y compatibilizar las leyes que planean el uso del suelo, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano.

Esta legislatura cuenta con varios diputados interesados en el tema ambiental. Si agregamos a ese interés el que el presidente de la República ha manifestado por el tema, podemos tener la ilusión, con algunas bases de realismo, de que, con la unión de las distintas fuerzas políticas, es posible fortalecer el marco legislativo ambiental como se ha demostrado en otras ocasiones. Para ello, el Congreso deberá, además, realizar un serio esfuerzo de investigación para evaluar los programas ambientales y legislar con pleno conocimiento de los temas. El reto será evitar que los arreglos y compromisos políticos obstaculicen esta responsabilidad ineludible con la nación.