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Municipios y medio ambiente

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Municipios y medio ambiente

Julia Carabias Lillo  ||  Reforma  ||  03 de octubre 2009

La creciente complejidad de la agenda ambiental y su estrecha vinculación con los asuntos sociales, económicos y políticos obliga a que la gestión de las políticas públicas ambientales deba ser cada vez más incluyente de los distintos órdenes de gobierno y de la sociedad.

Dentro de las modificaciones más importantes realizadas en la reforma de 1996 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente están, precisamente, la distribución de competencias entre órdenes de gobierno y la creación de nuevos espacios de participación social. A pesar de esta reforma, la descentralización en materia ambiental no ha avanzado lo suficiente en el país y, cuando ha sucedido, comúnmente la transferencia de facultades y atribuciones ocurre de la Federación a los estados sin llegar a involucrar a los municipios. La falta de reglas claras y mecanismos eficaces genera vacíos de poder regionales y discrecionalidad de la intervención local.

Muchos de los recursos naturales, que por sus características intrínsecas rebasan los límites estatales o por su carácter estratégico para la nación, deben ser regulados y gestionados desde el ámbito federal, sin embargo, muchos otros, pueden gestionarse mediante mecanismos innovadores de cooperación y concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno. Éste es el caso de la gestión de territorio, en la cual, sin el involucramiento de los actores locales, no es posible compatibilizar los múltiples intereses que se confrontan en el uso y ocupación del espacio natural.

Un extraordinario ejemplo exitoso de gestión territorial lo constituye la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila (IIGICRA). Se trata de la cuenca del río Ayuquila- Armería, localizada entre los estados de Jalisco y Colima. En ella se encuentran cinco áreas naturales protegidas -la más importante es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán- y tres presas hidráulicas. La contaminación en la parte media de la cuenca, durante los últimos 20 años, ha sido muy severa debido a las descargas de aguas residuales de la industria azucarera y de los asentamientos humanos, principalmente del Grullo y Autlán. Año con año, durante la zafra, se descargaban aguas residuales del ingenio que provocaban la mortalidad masiva de la fauna acuática y daños a la población que habita en la parte baja de la cuenca.

La creación de la IIGICRA fue un largo proceso paulatino de más de dos décadas, que inició con el trabajo conjunto entre los ayuntamientos locales, el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, la dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente A.C. Actualmente la IIGICRA constituye un mecanismo de gobernanza local para la gestión ambiental, sólido y exitoso, que cuenta con la participación de 10 municipios, el gobierno federal y el estatal de Jalisco, la sociedad civil y el sector académico.

Algunos resultados de esta gestión intermunicipal son el control de la contaminación de la industria azucarera, la reducción de las descargas contaminantes al río Ayuquila, la gestión integral de residuos sólidos, la creciente participación ciudadana, el acceso a nuevas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales y la creación de un fideicomiso. Esta iniciativa ha recibido en dos ocasiones el premio Gobierno y Gestión local del CIDE.

Los logros obtenidos se deben al fortalecimiento de las capacidades, técnicas y de gestión, de las autoridades locales mediante la capacitación, acceso a la información, organización, participación de la sociedad y de la academia y la creación de mecanismos jurídicos innovadores. Uno de los mecanismos innovadores ha sido la creación de un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal que otorga personalidad jurídica a la IIGICRA, patrimonio y presupuesto propio, que permite profesionalizar la gestión ambiental municipal asegurando servicios de calidad a la población, manejando recursos financieros propios y dando continuidad ante los cambios de gobierno.

Este proceso ha permitido que la IIGICRA se haya convertido en una instancia pública intermunicipal de planeación y seguimiento de largo plazo, no sujeta a los cambios trianuales de las autoridades locales, con capacidad para atender los temas de la compleja agenda ambiental local. Es un ejemplo innovador de gobernanza para la sustentabilidad ambiental, con todas las posibilidades de ser replicado en otras cuencas prioritarias del país, que requiere de la voluntad de las autoridades federales y estatales y de recursos económicos, no onerosos, para impulsar los procesos. Quizá, durante la discusión del presupuesto de 2010, los diputados podrán conocer esta experiencia con más detalle y contribuir a fortalecer las capacidades de las autoridades locales para sumarse a la conservación y uso del capital natural en beneficio de las comunidades locales y del país en su conjunto.

 

 

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