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La debacle veracruzana

La debacle veracruzana

Edgar J. González Gaudiano* || La Jornada Veracruz || Jueves 03 de noviembre, 2016

A medida que se ha ido acercando el fin de la actual administración encabezada por Javier Duarte y ahora Flavino Ríos, hemos observado una severa agudización de los conflictos que estaban incubándose en espera de alguna reacción positiva, que no ha ocurrido, ni ocurrirá.

En Xalapa las marchas y bloqueos de todo tipo de grupos son incesantes y cotidianos. El palacio de gobierno se encuentra tomado por presidentes municipales que afirman les han retenido aportaciones federales que suman 3 mil millones de pesos. La Universidad Veracruzana (UV), uno de los muchos acreedores, sólo ha podido lograr que el actual gobernador interino reconozca como propio el monto del impuesto sobre la renta (ISR) retenido a la institución por el gobierno, pero no depositado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que asciende a 1386.3 millones de pesos, lo que no es algo menor, pues representa poco más de la mitad del adeudo pendiente. De lo demás, quién sabe.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) ordena se entreguen los recursos federales retenidos al ayuntamiento de Xico. Le seguirán otros en los próximos días que han seguido el mismo camino. Muchos municipios, sobre todo los más pequeños, no tienen ni para pagar los sueldos de policías y están progresivamente suspendiendo la atención a la gente. El gobernador electo Miguel Ángel Yunes estima un quebranto de cien mil millones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en voz de su titular, José Antonio Meade, declaró que no habrá rescate financiero para Veracruz. En resumen, podemos decir que durante noviembre y los meses siguientes veremos más de lo mismo, pero multiplicado.

Sin embargo, hay varias preguntas en el aire para las que la gente no tiene respuestas claras:

1. ¿Tiene o no responsabilidad el gobierno federal de la situación financiera y política existente en Veracruz? ¿Por qué intervino hasta ahora cuando desde hace mucho tiempo existía evidencia contundente de que la situación era crítica y dejaron que Duarte y sus secuaces siguieran haciendo de las suyas, como la basificación en agosto de 7 mil plazas de personal temporal o de confianza propuesta por el ex gobernador con la aprobación del Congreso local? La respuesta de no apoyar al estado con recursos frescos y adicionales indica que la administración federal se está lavando las manos y dejando que el nuevo gobierno del estado le haga como pueda. Obviamente, en las condiciones actuales podrá muy poco, pero tal vez eso sea precisamente lo que quieren que suceda: estrangular la nueva administración para que el PRI y sus partidos rémora puedan recuperar el estado dentro de dos años. Es fácil inferir que la Federación estaría actuando de forma muy distinta si Héctor Yunes hubiese ganado la elección pasada.

2. ¿Se fincarán responsabilidades a la caterva de pillos que fueron cómplices por comisión u omisión de los daños patrimoniales? ¿Podremos al menos pensar que de esta crisis se asumirán medidas ejemplares que disuadan de futuros ilícitos? ¿O se pondrá en marcha un proceso de rápido encubrimiento para evitar que el tema continúe perjudicando la precaria credibilidad del presidente Peña, al PRI y al sistema político partidista en su conjunto? La Contraloría General del Estado (CGE) dice que se tardó casi un año en documentar los casos más graves, pero sólo ha presentado un par de denuncias penales ante la Fiscalía (contra el ex secretario de Seguridad Pública Bermúdez Zurita por ¡tráfico de influencias!). Ésta tampoco ha actuado y por lo visto sólo interviene cuando se encuentra muy presionada, como en el caso de Los Porkys. Municipios que tenían observaciones por varios millones pendientes de solventar de la cuenta pública de 2015 súbitamente desaparecieron de la lista de irregularidades al considerarlos «errores administrativos». Esperamos que no sea el camino para «resolver» los desfalcos.

3. ¿Qué pasará con los nombramientos a modo en puestos clave para el presunto blindaje y los contratos para asignar servicios y compras para los siguientes años, que se suscribieron al vapor para presionar aún más al nuevo gobierno? ¿Se recuperará algo de las «empresas fantasma» que colaboraron en la defraudación? ¿Y de las propiedades de Duarte, compinches, operadores, familiares y prestanombres adquiridas con recursos públicos, así como los presuntos depósitos millonarios en paraísos fiscales? Es un típico caso de delincuencia organizada.

Sí, creo que todos queremos ver en prisión a Duarte y sus cómplices, pero sobre todo queremos que se devuelva lo robado a las arcas del estado para resolver en parte el daño causado. No existen los suministros más básicos en hospitales, ya no hay dinero para el alumbrado público o la recolección de basura en varios municipios. Tenemos que imaginar las millones de tragedias que ha ocasionado esta situación. Escuelas y hospitales en ruinas, simulación como modus operandi, cinismo y desfachatez de los aún funcionarios de gobierno y legisladores, anomia social, colapso institucional, declive moral, impunidad rampante, desesperanza…

Necesitamos un cambio pronto, y en serio, o estaremos en medio de un estallido social de consecuencias imprevisibles.

 

 

* Académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana.

edgargonzalezgaudiano.blogspot.mx

Fuente: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=161103_095117_744