Agua para el largo plazo
Agua para el largo plazo
Julia Carabias Lillo || Reforma || 02 de abril 2011
Ningún recurso natural tiene la peculiaridad con la que cuenta el recurso hídrico: es imprescindible e insustituible. De alguna u otra forma, los recursos naturales que utilizan las sociedades humanas para su desarrollo pueden sustituirse cuando ocurre su extinción, deterioro o inaccesibilidad, o bien debido al alto costo de extracción, o por el hallazgo de mejores opciones o innovaciones tecnológicas. Éste no es el caso del agua; su sustitución no es factible, simple y sencillamente, porque forma parte estructural de toda la materia viva.
El uso del agua, como recurso estratégico y como bien ecológico, social y económico, requiere políticas de largo plazo construidas bajo la lógica de la sustentabilidad ambiental. En este contexto es de celebrarse la Agenda del Agua 2030 que la Comisión Nacional del Agua (CNA) dio a conocer el pasado Día Mundial del Agua.
La Agenda reconoce que cerca de 15% del agua que demandamos en el país es insustentable, es decir, no se está renovando, y la mitad de este volumen proviene de acuíferos sobreexplotados. Estamos gastando el agua que necesitarán las futuras generaciones y, si la tendencia no se modifica, esta cifra llegaría, en 2030, a 27%. Además, debido a los impactos del cambio climático, el déficit podría incrementarse a 50%.
Durante la elaboración de la Agenda se analizaron diferentes escenarios para cerrar la brecha entre la demanda y la oferta de agua sustentable, y de ello derivaron 38 iniciativas para mejorar la eficiencia en todos los usos del agua, para fortalecer las capacidades institucionales nacionales de gestión del agua y para incrementar la oferta de este recurso mediante la construcción de nueva infraestructura. Dichas iniciativas se clasifican en cuatro ejes temáticos -cuencas en equilibrio, ríos limpios, cobertura universal y asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas- y se basan en cinco principios -la sustentabilidad como el eje rector de la estrategia, una visión integral y de largo plazo, la planeación por cuenca, el fortalecimiento del control local y el involucramiento de los tres órdenes de gobierno-.
El costo de inversión para la implementación de las 38 iniciativas se estima en un billón de pesos, lo cual implica, al menos, 51 mil millones de pesos anuales durante los siguientes 20 años; es decir, un incremento de 37% con respecto al presupuesto asignado actualmente al sector. Si bien ésta es una cifra muy significativa, contrasta con el costo de no actuar, el cual se calcula en 1.5 billones de pesos.
Un planteamiento innovador en esta Agenda, a diferencia de los pasados programas del sector, es el objetivo central y explícito de eliminar el uso de agua no sustentable. Se estiman los volúmenes que deberán dejarse de extraer para lograr la cero sobreexplotación de los acuíferos y para garantizar el agua necesaria para el gasto ecológico; es decir, el volumen de agua que requieren los ecosistemas naturales para su funcionamiento en el largo plazo. Lo complejo será hacer las mediciones precisas de estos volúmenes en los distintos cuerpos de agua superficial y subterránea, y definir indicadores de monitoreo para evaluar la eficiencia y eficacia de las acciones emprendidas para enfrentar este problema. El resultado de estas mediciones deberá ser público y con estructuras orgánicas de rendición de cuentas.
Otro aspecto a resaltar es que la Agenda compromete el incremento de la oferta de agua mediante la construcción de nueva infraestructura hidráulica. Este tema deberá analizarse con todo cuidado para no provocar mayores problemas ambientales y sociales, como en el caso de la construcción de presas.
La Agenda también propone la creación de nuevas instituciones como la Secretaría del Ordenamiento Territorial, el Observatorio Nacional de Ordenamiento Territorial Sustentable, el Instituto Nacional de Planea- ción del Desarrollo, todas ellas relacionadas con políticas de largo plazo, preventivas y multisectoriales. Será necesario analizar a fondo la viabilidad de estas propuestas.
La consolidación de las iniciativas precisará una revisión del marco legal, particularmente de la Ley de Aguas Nacionales y de las demás leyes vinculadas al tema, lo cual se omite en la Agenda. Sería deseable que lo asumiera el Congreso de la Unión.
Además de las fuertes inversiones económicas mencionadas, la aplicación de esta agenda requerirá un enorme esfuerzo en el fortalecimiento de las capacidades humanas y la formación de nuevos recursos humanos en campos que aún están muy rezagados como el meteorológico.
Resulta interesante que la CNA haya reconocido a esta Agenda como un primer documento sistematizado, producto de la consulta nacional realizada durante el último año, y que convoque a continuar con el diálogo y análisis para actualizarla, evaluarla y ajustarla periódicamente. Se trata de un material muy propositivo que no debe pasar desapercibido y que, mediante una revisión constante, pueda propiciar un consenso nacional de largo plazo para la política hídrica.
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